La insidia que no cesa (II)

Me he preguntado muchas veces si los políticos, especialmente aquellos que ejercen el poder obtenido en las urnas -independientemente del partido que los haya aupado- guardan la capacidad de poder ejercitar su derecho a demandar a un tercero por difamación y/o injurias.

Me he respondido repetidamente que, en tal caso, quizá el proceso político no gozaría de la fluidez deseable; si cada acusación falsa, extemporánea, capciosa o dolosa fuera denunciada y juzgada, el poder legislativo no contaría nunca con la salud necesaria para desarrollar su tarea cotidiana.

Viene esto a propósito de la última tormenta política, desatada hoy mismo tras la reconsideración, por parte del Ministerio del Interior, de la situación sanitaria del preso De Juana Chaos.

Esta frase, por ejemplo: "Se trata de una decisión política y personal del jefe del Ejecutivo porque "está metido hasta el cuello en un proceso indigno de negociación con ETA”.

O esta otra: "Zapatero está cumpliendo uno a uno todo los compromisos con ETA".

Por no hablar de ésta: "...pasará a la historia como el presidente que humilló a las víctimas, que cedió al chantaje del asesino de 25 personas, y eso dos meses después del atentado que costó la vida a dos personas".

Tengo claro que la demagogia no constituye delito. Lo digo porque la tercera frase era más demagógica que difamatoria, pero en fin...

Y, ¿por qué ejercen la demagogia y la difamación quienes la sufrieron en el pasado reciente?

El análisis político de Paco Tilla.